FUNDAMENTO DEL ESTADO DEMOCRÁTICO *
Por Baruch
Spinoza
Así, pues,
se puede formar una sociedad y lograr que todo pacto sea siempre observado con
máxima fidelidad sin que ello contradiga al derecho natural, a condición que cada uno transfiera a la sociedad todo el derecho que
él posee, de suerte que ella sola mantenga el supremo derecho de la naturaleza
a todo, es decir, la potestad suprema, a la que todo el mundo tiene que
obedecer, ya por propia iniciativa, ya por miedo al máximo suplicio.
El derecho de dicha sociedad se llama democracia; ésta se define, pues, la
asociación general de los hombres, que posee colegialmente el supremo derecho a
todo lo que puede. De donde se sigue que la potestad suprema no está sometida a
ninguna ley, sino que todos deben obedecerla en todo. Todos, en efecto,
tuvieron que hacer, tácita o expresamente, este pacto, cuando le transfirieron
a ella todo su poder de defenderse, esto es, todo su derecho. Porque, si
quisieran conservar algo para sí, debieran haber previsto cómo podrían
defenderlo con seguridad, pero, como no lo hicieron ni podían haberlo hecho sin
dividir y, por tanto, destruir la potestad suprema, se sometieron totalmente, ipso
facto al arbitrio de la suprema autoridad. Puesto que lo han hecho
incondicionalmente (ya fuera, como hemos dicho porque la necesidad les obligó o
porque la razón se lo aconsejó), se sigue que estamos obligados a cumplir
absolutamente todas las órdenes de la potestad suprema, por más absurdas que
sean, a menos que queramos ser enemigos del Estado y obrar contra la razón, que
nos aconseja defenderlo con todas las fuerzas. Porque la razón nos manda
cumplir dichas órdenes, a fin de que elijamos de dos males el menor.
Adviértase, además, que cualquiera podía asumir fácilmente este peligro, a
saber, de someterse incondicionalmente al poder y al arbitrio de otro. Ya que,
según hemos demostrado, las supremas potestades sólo poseen este derecho de
mandar cuanto quieran, en tanto en cuanto tienen realmente la suprema potestad;
pues, si la pierden, pierden, al mismo tiempo, el derecho de mandarlo todo, el
cual pasa a aquel o aquellos que lo han adquirido y pueden mantenerlo. Por eso,
muy rara vez puede acontecer que las supremas potestades manden cosas muy
absurdas, puesto que les interesa muchísimo velar por el bien común y dirigirlo
todo conforme al dictamen de la razón, a fin de velar por sí mismas y conservar
el mando. Pues, como dice Séneca, nadie mantuvo largo tiempo gobiernos
violentos.
Añádase a lo anterior que tales absurdos son menos de temer en un Estado
democrático; es casi imposible, en efecto, que la mayor parte de una asamblea,
si ésta es numerosa, se ponga de acuerdo en un absurdo. Lo impide, además, su
mismo fundamento y su fin, el cual no es otro, según hemos visto, que evitar
los absurdos del apetito y mantener a los hombres, en la medida de lo posible,
dentro de los límites de la razón, a fin de que vivan en paz y concordia; si
ese fundamento se suprime, se derrumbará fácilmente todo el edificio. Ocuparse
de todo esto incumbe, pues, solamente a la suprema potestad; a los súbditos, en
cambio, incumbe, como hemos dicho, cumplir sus órdenes y no reconocer otro
derecho que el proclamado por la suprema autoridad.
Quizá alguien piense, sin embargo, que de este modo convertimos a los súbditos
en esclavos, por creer que es esclavo quien obra por una orden, y libre quien
vive a su antojo. Pero esto está muy lejos de ser verdad, ya que, en realidad,
quien es llevado por sus apetitos y es incapaz de ver ni hacer nada que le sea
útil, es esclavo al máximo; y sólo es libre aquel que vive con sinceridad bajo
la sola guía de la razón. La acción realizada por un mandato, es decir; la
obediencia suprime de algún modo la libertad; pero no es la obediencia, sino el
fin de la acción, lo que hace a uno esclavo. Si el fin de la acción no es la
utilidad del mismo agente, sino del que manda, entonces el agente es esclavo e
inútil para sí. Ahora bien, en el Estado y en el gobierno, donde la suprema ley
es la salvación del pueblo y no del que manda, quien obedece en todo a la
suprema potestad, no debe ser considerado como esclavo inútil para sí mismo,
sino como súbdito. De ahí que el Estado más libre será aquel cuyas leyes están fundadas
en la sana razón, ya que en él todo el mundo puede ser libre, es decir, vivir
sinceramente según la guía de la razón, donde quiera. Y así también,
aunque los hijos tienen que obedecer en todo a sus padres, no por eso son
esclavos: porque los preceptos paternos buscan, ante todo, la utilidad de los
hijos. Admitimos, pues, una gran diferencia entre el esclavo, el hijo y el
súbdito. Los definimos así: esclavo es quien está obligado a obedecer las
órdenes del señor, que sólo buscan la utilidad del que manda; hijo, en cambio,
es aquel que hace, por mandato de los padres, lo que le es útil; súbdito,
finalmente, es aquel que hace, por mandato de la autoridad suprema, lo que es
útil a la comunidad y, por tanto, también a él.
Con esto pienso haber mostrado, con suficiente claridad, los fundamentos
del Estado democrático. He tratado de él, con preferencia a todos los demás,
porque me parecía el más natural y el que más se aproxima a la libertad que la
naturaleza concede a cada individuo. Pues en este Estado, nadie transfiere a
otro su derecho natural, hasta el punto de que no se le consulte nada en lo
sucesivo, sino que lo entrega a la mayor parte de toda la sociedad, de la que
él es una parte. En este sentido, siguen siendo todos iguales, como antes en el
estado natural. Por otra parte, sólo he querido tratar expresamente de este
Estado, porque responde al máximo al objetivo que me he propuesto, de tratar de
las ventajas de la libertad en el Estado. Prescindo, pues, de los fundamentos
de los demás Estados, ya que, para conocer sus derechos, tampoco es necesario
que sepamos en dónde tuvieron su origen y en dónde lo tienen con frecuencia;
esto lo sabemos ya con creces por cuanto hemos dicho. Efectivamente, a quien
ostenta la suprema potestad, ya sea uno, ya varios, ya todos, le compete, sin
duda alguna, el derecho supremo de mandar cuanto quiera. Por otra parte, quien
ha transferido a otro, espontáneamente o por la fuerza, su poder de defenderse,
le cedió completamente su derecho natural y decidió, por tanto, obedecerle
plenamente en todo, y está obligado a hacerlo sin reservas, mientras el rey o
los nobles o el pueblo conserven la potestad suprema que recibieron y que fue
la razón de que los individuos les transfirieran su derecho. Y no es necesario
añadir más a esto.
Spinoza, Baruch, TRATADO TEOLÓGICO-POLÍTICO, Capítulo XVI.
Traducción, introducción, notas e índices de Atilano Domínguez.
Madrid: Alianza Editorial, 1986.
* Este título no está en el original. [P.B.]
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